El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, informó que desde hace varios meses el Ministerio Público está inmerso en un proceso de revisión de su Departamento de Protección Animal y que se construirá el Primer Albergue Modelo Estatal para alojar perros en el municipio de Pedro Brand, en Santo Domingo.

Espiñeira Ceballos dijo que el titular de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), José Leonel (Neney) Cabrera Abud, informó al Ministerio Público, a través de una comunicación del pasado 2 de este mes, que en los terrenos de Pedro Brand en donde se encuentra el refugio de la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría General de la República, el Gobierno busca establecer el Primer Albergue Modelo Estatal, para el cual ya se tienen los planos y un presupuesto estimado.

“Sabemos que el respaldo de los ciudadanos conscientes resulta clave en la lucha frente al abuso contra los animales, ponderamos sus denuncias a través de las redes sociales y también queremos que sean proactivos para denunciar los casos en sus respectivas fiscalías, porque queremos que estos delitos se persigan con la misma determinación en todas las jurisdicciones”, afirmó el procurador adjunto en una comunicación de prensa.

Dijo confiar en que todos los ciudadanos creen conciencia frente a los animales y que, además, sepan que esos seres vivos están amparados por la Ley 248-12, sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, del 15 de agosto de 2012.

Ponderó el interés del Gobierno central en el albergue, ya que la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría General de la República tiene limitaciones económicas, con un presupuesto asignado de RD$200,000 al mes para sus actividades.

Con sus limitados recursos, la unidad tiene bajo su responsabilidad las atenciones veterinarias del albergue de perros de Pedro Brand, que en estos momentos acoge a unos 75 perros.

“Sólo en este mes en la Procuraduría General se gastarán 273,000 pesos en la alimentación, cuidado y vigilancia de los animales y cada mes recibimos un promedio de 50 situaciones que involucran animales”, detalló Espiñeira.

La legislación pone bajo la responsabilidad del Ministerio Público la persecución de los delitos de abuso contra los animales, mientras que Salud Pública debe poner en funcionamiento albergues en el Distrito Nacional y las cabeceras de provincias. Además, a los ayuntamientos y a las juntas de distritos municipales les corresponde la instalación de albergues particulares en sus demarcaciones, agrega el comunicado.

La Ley 248-12 impone sanciones de tres a seis meses de prisión y entre 10 y 20 salarios mínimos de multa para quienes maltraten a los animales; en los casos con tipificación de crueldad, la prisión será de seis meses a un año y las multas entre 25 y 50 salarios mínimos, concluye la nota.