El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo esperar que, en la mayor brevedad posible, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) pueda modificar la resolución que obliga a la población a realizarse una prueba de antígeno, cuyo costo ronda los 1,700 pesos, para poder acceder a una prueba PCR de detección del COVID-19 mediante el seguro médico, y que limitó el acceso a sólo uno de esos análisis por año para cada paciente asegurado.

Ulloa exhortó a que se modifique esa resolución «para que todos podamos tener acceso a las pruebas sin necesidad de una prueba previa que tiene un costo para el bolsillo del ciudadano».

Dijo que es necesario el acceso a la mayor cantidad de pruebas para que la dinámica económica no se paralice y que promueve que se democratice el acceso para poder identificar a los contagiados.

El defensor del Pueblo afirmó que esa institución envió un documento exhortativo a la Sisalril para modificar esa resolución. Recordó que el derecho a la salud es uno de los más importantes para el Estado de bienestar.

El presidente Luis Abinader ha dicho que instruyó al Gabinete de Salud para variar la referida disposición, pero todavía se mantiene vigente. Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, negocia con las casas farmacéuticas la libre venta al público de pruebas de antígeno.

Clases presenciales

En otro tema, Pablo Ulloa felicitó el acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores para que los maestros acudan a las clases presenciales.

Sus declaraciones ocurrieron antes de que participara en la apertura de la Mesa Temática para la Modernización de la Administración Pública.