La formación de un cementerio de chatarras de   33,585 vehículos de motor retenidos en el canódromo El Coco y otros centros de retención  por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) es una flagrante violación a la Ley 63-17, que en su artículo 321 establece un plazo máximo de 60 días para entregarlos a su propietario.

Las autoridades violan, también el artículo 243 de esa legislación que establece que el dueño del vehículo retenido tiene un plazo de 90 días para retirarlo.