A las afueras de la gobernación de Pedernales, una manifestación progobierno se lleva a cabo y un hombre sostiene un colorido cartel escrito a mano que lee: “los cactus, los cambrones y las guasábaras no están por encima del hombre”. Su mensaje es crudo y resume en una línea el mayor desafío para el ambicioso proyecto de desarrollo de esta provincia, que es congeniar los beneficios económicos con la realidad medioambiental.

La teoría expuesta en el cartel y defendida por el grupo de manifestantes en el marco de la segunda audiencia pública sobre el “Plan de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales”, realizada el viernes pasado en la ciudad cabecera de provincia, no es tan sencilla de ejecutar, a pesar del masivo apoyo popular.

La ejecución en “vía rápida” del plan de desarrollo de Pedernales, el proyecto provincial más ambicioso del gobierno actual, literalmente pende de un hilo cuando choca con la realidad medioambiental que tiene que atender y, sobre todo, respetar.

Los datos revelados en la audiencia pública son contundentes.

Más de 50 especies encontradas en el área del proyecto son endémicas de la isla o específicamente de la región, como el del Melocactus pedernalensis, un tipo de cactus propio de la provincia Pedernales.

Infografía

El levantamiento agrega que, de las especies halladas, alrededor de 47 de ellas se encuentran en estado de amenaza y, por consiguiente, son parte de la Lista Roja Nacional o de convenios internacionales para la protección de especies o zonas vulnerables suscritos por la República Dominicana desde hace décadas.

A esa realidad relacionada a las especies endémicas o protegidas se suma el agua, un mayúsculo desafío al cual todavía no queda clara la solución, a pesar de las ideas para construir un acueducto, plantas desalinizadoras o buscar acuíferos subterráneos.

Además, la configuración de la zona escogida para la construcción de hoteles, una marina, un muelle de cruceros y centros comerciales, presenta en sí misma problemas de alta magnitud, pues en el mismo centro de la demarcación se encuentra un humedal con características particulares y hay estructuras o caminos que están dentro de los 140 metros necesarios para proteger la zona costera.

La vista pública

Esos datos no fueron presentados por ambientalistas u opositores a la propuesta gubernamental.

Los retos y detalles del proyecto fueron debatidos en momentos en que la Dirección General de Alianzas Público Privadas y el Fideicomiso Pro-Pedernales buscan el permiso ambiental para la primera fase del proyecto, que consta de cuatro en total y marcaría un antes y después para la provincia más pobre del país.

El viernes pasado, 29 de abril de 2022, fue realizada la segunda vista pública, en este caso sobre el estudio de impacto ambiental, en la Gobernación Provincial, donde se le presentó a la población la realidad de que la presencia de decenas de especies endémicas y amenazadas en la zona, la “falta” de agua potable y la configuración actual del terreno son algunos de los serios desafíos que enfrentaría la iniciativa.

El estudio fue realizado por la empresa especializada Empaca y busca que el Ministerio de Medio Ambiente emita la licencia necesaria para el desarrollo de la primera fase del proyecto, que comprende la zona del muelle en Cabo Rojo.

Los expertos de la empresa presentaron de forma resumida sus hallazgos, comenzado por el ingeniero Ernesto Rocamora, quien explicó las complejas características geológicas y geomorfológicas de la zona, además del análisis de precipitaciones e hidrogeología. A él le siguieron diversos científicos especializados en importantes áreas de conservación, quienes hablaron de forma neutra, pero dejando claro con los datos que el panorama requerirá de mucho cuidado con las prácticas de desarrollo.

Un refugio de especies

En el área del proyecto fueron identificadas 185 especies de plantas vasculares, distribuidas en 62 familias y 158 géneros, de acuerdo con Ricardo García, experto en botánica. De las especies presentes, 147 son nativas y 32 son endémicas de la Isla Española. De esas seis son naturalizadas.

Agregó que dentro del proyecto se identificaron 26 especies que están protegidas por la Convención Internacional sobre Tráfico y Comercio de Especies Amenazadas de Extinción (CITES), de la cual República Dominicana es signataria desde 1983.