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Propuesta de Código Penal contempla penalizar los negocios piramidales
Política

Propuesta de Código Penal contempla penalizar los negocios piramidales 

SANTO DOMINGO.– La propuesta de Código Penal que ha sido reintroducida en la Cámara de Diputados contempla penalizar la realización de negocios piramidales.

Estas estructuras de negocios a través de las cuales se generan ingresos con el auspicio de nuevos asociados, han sido uno de los medios de estafa más utilizados desde hace décadas.

Algunos de ellos están revestidos de cierta legalidad ya que basan su accionar en la comercialización de algún tipo de producto lo que les permite mantenerse en el tiempo pero otros (la mayoría) causan pérdidas económicas a los vinculados sin que se exista una norma penal que estipule de manera clara y precisa algún tipo de condena a los culpables.

No es la única de los tipos penales que estipula la iniciativa reintroducida a la cámara baja. Se propone crear un marco penal para los feminicidios (no existe, se trata como asesinato), aumento de hasta cuarenta años de cárcel por violencia doméstica e intrafamiliar y daños con sustancias químicas como ácido del diablo, por ejemplo.

También la realización de disparos innecesarios, arrestos ilegales, propagación de información falsa (muy común en tiempos de pandemia) y la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de discriminación sexista, discapacidad u otros motivos universalmente reconocidos por el derecho internacional como inaceptables.

La iniciativa fue reintroducida sin incluir la penalización del aborto y las tres causales que lo validarían.

El Código Penal ha sido observado en tres ocasiones por el Poder Ejecutivo y ya tiene veinte años perimiendo en el Congreso Nacional.

Fue introducido por el Poder Ejecutivo en febrero del 2000, aprobado por el Senado en 2003, remitido a la Cámara de Diputados en la misma fecha y aprobado por estos en 2006, posteriormente fue observado por la Presidencia.

Fue nuevamente aprobado por ambas cámaras legislativas en 2014 y vuelto a observar por el Ejecutivo devuelto a los diputados, aprobado en única lectura y promulgado como la Ley 550-14. Sin embargo, fue atacada con dos acciones de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional que las acogió como válidas en diciembre de 2015.

El proceso legislativo fue repetido en 2016 logrando su aprobación no así su promulgación al ser observado por tercera vez por el Poder Ejecutivo.

El punto de discordia ha sido generado por los enfrentamientos escenificados desde fuera del Congreso Nacional entre la Iglesia Católica y mayoría de las iglesias protestantes contra los grupos feministas.

Los primeros persiguen la penalización del aborto en todas sus formas y los segundos solicitan que en casos de violación, de mal formación genética o cuando la vida de la madre está en peligro sea despenalizado.

Fuente: ElDia

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