En su informe, los miembros de la comisión sugieren que el centro sea cerrado por no cumplir ninguna de las normas elementales del respeto a los derechos humanos y violación de las leyes 42-01, de Salud Pública , y 352-98 sobre protección de los adultos mayores.

Asimismo, recomiendan que se presente esta situación al Ministerio de Salud Pública para los fines correspondientes en su calidad de Órgano Rector del Sistema Sanitario en República Dominicana.