Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el enorme poder que conserva la Iglesia Católica ha logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial.