Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha abordado al coronavirus de la misma manera que a cualquier amenaza interna para su gobierno: con el despliegue de su represivo aparato de seguridad.

El gobierno de Venezuela etiqueta a quienes puedan haber estado en contacto con el coronavirus como “bioterroristas”. Detiene e intimida a médicos y expertos que cuestionan las políticas de Maduro para enfrentar al virus.

Y acorrala a miles de venezolanos que regresan a casa después de perder sus trabajos en el extranjero, manteniéndolos en centros de detención improvisados por temor a que puedan estar infectados.

En hoteles incautados, escuelas en desuso y estaciones de autobuses acordonadas, los venezolanos que regresan son obligados a permanecer en habitaciones abarrotadas con comida, agua o cubrebocas limitados y mantenidos bajo vigilancia militar durante semanas o meses para hacerse las pruebas de coronavirus o recibir tratamientos con medicamentos no probados, según entrevistas con los detenidos, videos que han tomado con sus celulares y documentos gubernamentales.

“Nos dijeron que venimos contaminados, que somos culpables por infectar al país”, dijo Javier Aristizábal, un enfermero de la capital, Caracas, quien relató que pasó 70 días en esos centros luego de regresar de Colombia en marzo.

En San Cristóbal, una de las ciudades más importantes del país, los activistas del partido gobernante están marcando las casas de las familias sospechosas de tener el virus con carteles y amenazándolas con detenerlas, dijeron los residentes. En la cercana ciudad de Maracaibo, la policía patrulla las calles en busca de venezolanos que reingresaron al país sin autorización oficial. Los políticos opositores cuyos distritos electorales registran un brote dicen que los amenazan con ser enjuiciados.

“Este es el único país del mundo en donde tener COVID es delito”, dijo Sergio Hidalgo, un activista de la oposición venezolana que contó que había contraído síntomas de la enfermedad solo para terminar con agentes de la policía en su puerta y funcionarios gubernamentales acusándolo de infectar a la comunidad.

Fuente: The New York Time